El olvido flota en el Río San Juan: Cuatro años de aislamiento
Lo que comenzó como un desastre natural en septiembre de 2022 se ha transformado en una crisis humanitaria de largo aliento. Tras casi cuatro años del colapso del puente que unía a los municipios de Los Ramones y Cadereyta Jiménez, las comunidades aledañas han quedado reducidas a la supervivencia rudimentaria.
Hoy, el derecho constitucional a la libre movilidad, a la educación y a la salud en esta zona de Nuevo León depende exclusivamente de una balsa artesanal.
El puente, derribado por una creciente del río San Juan, nunca fue reconstruido con la infraestructura necesaria para resistir los embates del clima. Desde entonces, cada intento de los pobladores por instalar cruces temporales ha sido frustrado por la naturaleza, dejando a cientos de familias en un limbo institucional.
“Ya vamos para tres años y medio batallando. Somos mucha gente la que ocupamos este paso: estudiantes, trabajadores, personas mayores y enfermos”, relata Eduardo Rubén Pérez, residente del rancho Las Alazanas.
El costo humano: De las aulas al aislamiento
El impacto social de esta negligencia es cuantificable y doloroso. El ausentismo escolar se ha disparado, pues el riesgo de cruzar el caudal es una barrera que muchos padres de familia no están dispuestos a que sus hijos enfrenten.
Sin embargo, para los enfermos, el riesgo no es opcional. El caso de doña Elvira, de 80 años, simboliza la crudeza de la situación: para acudir a sus citas médicas, debe cruzar el río de rodillas sobre la balsa, una imagen que contrasta con el discurso de modernidad del estado.
La tragedia ya ha tocado a las puertas de estas comunidades. La familia de Elvira reporta a un pariente hospitalizado tras caer a las aguas durante una maniobra de cruce.
“Cruzamos con miedo, pero no nos queda de otra”, sentencian los vecinos, quienes viven con la angustia constante de sufrir una emergencia nocturna en la que el río se convierta en una muralla infranqueable.
Parálisis económica y el riesgo de la balsa
La economía local, eminentemente agrícola, se encuentra en estado de coma. Por segundo año consecutivo, los campos de trigo permanecen yermos; sin un puente, es imposible ingresar maquinaria, trasladar insumos o extraer cosechas. Margarita, una de las afectadas, resume la situación con amargura: “Nos partió la vida. Antes pasábamos sin problema; ahora dependemos de que los hijos nos traigan comida”.
Ante el vacío dejado por el Estado, Alfonso Cervantes Machorro se ha convertido en el improvisado guardián del paso. Operando una balsa artesanal, traslada diariamente a unas 25 personas.
A pesar del uso de chalecos salvavidas, Cervantes es enfático en la precariedad de la solución: “La balsa no es un juguete, se pone en peligro la vida”. Según su análisis técnico, cualquier solución que no incluya el desazolve del río y un puente elevado será barrida por la próxima creciente.
Un grito de auxilio institucional
Los habitantes de Los Ramones y Cadereyta no piden caridad, sino infraestructura básica. Han manifestado su disposición para colaborar con mano de obra y recursos, pero la magnitud de la obra requiere la intervención técnica y financiera del Gobierno del Estado y la Federación.
“No tener puente es como no tener piernas”, coinciden los pobladores. Mientras la respuesta oficial sigue sin llegar, las comunidades del río San Juan continúan arriesgando la vida cada mañana, demostrando que, en pleno 2026, la distancia entre el aislamiento y el desarrollo sigue siendo un puente que nadie se ha decidido a construir.
