El Silencio del Gobernador: Un Velo sobre la Transparencia
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, optó por el silencio al ser cuestionado por la prensa sobre la adjudicación de contratos a dos empresas de un amigo personal para la proveeduría de uniformes y tenis destinados a miles de alumnos de escuelas de tiempo completo.
La evasiva, manifestada con un rotundo "Sin comentarios" antes de abordar su vehículo y retirarse de un evento en Guadalupe, no solo resulta insatisfactoria, sino que levanta serias dudas sobre los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la función pública.
El uso de recursos públicos para la adquisición de bienes, especialmente en programas sociales de gran alcance como la dotación de uniformes escolares, debe estar sujeto a un escrutinio riguroso.
El hecho de que las empresas beneficiadas pertenezcan a un cercano amigo del titular del Ejecutivo genera inmediatamente la percepción de un conflicto de intereses o, en el mejor de los casos, de un trato preferencial.
En cualquier administración democrática, el silencio ante estas acusaciones no es una opción válida. La ciudadanía y los medios tienen el derecho de conocer si los contratos se otorgaron bajo los principios de competencia, imparcialidad y mejores condiciones económicas para el erario.
El gobernador, como máxima autoridad, tiene la obligación ética y legal de desmentir o aclarar de manera categórica cualquier indicio de favoritismo, detallando el proceso de licitación y justificando por qué esas empresas en particular fueron las elegidas.
La respuesta de García, un simple "Sin comentarios" al reportero del periódico El Norte, que fue quien presentó esa investigación, tiene un alto costo político. En una era donde la confianza en las instituciones está constantemente a prueba, la falta de transparencia se convierte en un terreno fértil para la especulación y el desgaste de la imagen gubernamental.
El silencio en temas de contratos millonarios y presunta cercanía personal erosiona la credibilidad y contraviene el discurso basado en la honestidad y la apertura.
Si el proceso de contratación fue legítimo y se apegó a la ley, la explicación detallada y pública debería ser la primera reacción del mandatario.
Al optar por la evasión, el Gobernador no solo niega la información, sino que permite que la duda se instale y se arraigue.
En un Estado que clama por gobiernos íntegros, el silencio de Samuel García sobre el origen de los uniformes de sus estudiantes es, en sí mismo, un mensaje muy ruidoso y preocupante para la ciudadanía de Nuevo León.
